martes, 14 de agosto de 2012

Las grandes ciudades tendrán centros de mediación para aligerar la Justicia

Articulo publicado en ABC Comunitat Valenciana por M. A. RUIZ COLL 

La puesta en marcha de las Oficinas de Mediación de derecho privado, como vía extrajudicial para aligerar la carga de la Justicia, será una de las prioridades de la Conselleria que dirige Jorge Cabré en el nuevo curso político. Cabré ha desarrollado toda su carrera profesional como fiscal, y por tanto es un gran conocedor de la Administración de Justicia. 

Las restricciones presupuestarias han obligado a la Conselleria a implantar tasas judiciales en los procedimientos civiles. ¿Cuándo entrarán en vigor? 
Depende de la Conselleria de Hacienda, pero probablemente será a partir de septiembre. Estimamos una recaudación de ocho o nueve millones de euros, que no irán a la caja común del Consell, sino que se destinarán directamente a inversión en infraestructuras y modernización judicial. Gracias a esa recaudación, vamos a poder ejecutar proyectos como la rehabilitación integral de la Audiencia Provincial de Alicante, que no tenía consignación en los presupuestos de 2012. Además de ser una tasa finalista, tendrá una bonificación del 50% para colectivos como los autónomos en los pleitos de empresa. Si hay que reactivar la actividad económica, no podemos grabar a las empresas cuando acuden a la Justicia para cobrar una deuda. Las familias numerosas y las monoparentales también tendrán una bonificación del 50%, y las numerosas especiales del 75%. Además, tendrán exención total quienes acudan a la mediación: cuando alguien intente resolver un pleito por la vía extrajudicial, si luego tiene que acudir a la Justicia porque no se cumple el acuerdo de mediación no tendrá que abonar la tasa. 

¿Cómo va a impulsar la mediación desde la Conselleria? 
Vamos a apostar claramente por la mediación, porque es una forma de aligerar la carga de trabajo de los juzgados. Nuestro objetivo es abrir, antes de final de año, cuatro Centros de Mediación de derecho privado con funcionarios propios de la Conselleria, sin que suponga un aumento de plantilla, en Valencia, Alicante, Elche y Castellón. Todo ello estará recogido en el borrador de una norma autonómica que, a partir del mes de septiembre, trasladaremos a todos los colectivos profesionales implicados: jueces, colegios oficiales, abogados, psicólogos, notarios, cámaras de comercio y universidades, que ya están realizando cursos de formación. 

¿En qué materias se podrá aplicar la mediación? 
 Hablamos de mediación de derecho privado, como derecho civil y mercantil, como pleitos de empresas o acuerdos matrimoniales. Una vez cerrada la norma con consenso de todos, nos gustaría que las Oficinas de Medición estén funcionando a finales de año o principios que viene. Para los presupuestos de Justicia 2013 por primera vez se contemplarán partidas específicas tanto para la estructura administrativa como para la difusión de esta actividad. 

¿Quiénes actuarán como mediadores? 
En principio, profesionales que han hecho cursos específicos de formación, como abogados, cuyos títulos debe homologar la Generalitat. 

 ¿En qué situación se encuentra el conflicto con los abogados de oficio? 
 Los abogados de oficio realizan una labor fundamental para que funcione el aparato de Justicia, sin ellos sería imposible. Desgraciadamente, les hemos tenido que pedir un esfuerzo muy importante, porque financieramente en estos momentos no podíamos asumir presupuestariamente el coste del servicio. Del mismo modo, voy a luchar para que en cuanto empecemos a superar la situación actual puedan percibir la retribución que les corresponde. En los presupuestos del año que viene desgraciadamente no podrá ser, pero espero que para los de 2014 se empiece a ver esa mejora retributiva 

¿Cree que la Fiscalía Anticorrupción ha mantenido en todo momento su independencia o ha podido actuar «empujada» por el poder político? 
Además de conseller de Justicia, soy fiscal. Por tanto, no me parece adecuado pronunciarme sobre la actuación de compañeros de Fiscalía. Quiero pensar que todo el mundo actúa de buena fe. 

¿Es partidario de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el nombramiento de los jueces no dependa del poder político? 
El modelo actual no ha funcionado adecuadamente, al final parece que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un reflejo de los grupos parlamentarios. Me duele mucho cuando se dice éste es vocal del PP, o del PSOE o de CiU. No dudo de que cualquier vocal del Consejo actúe por propia convicción, estoy convencido de que el debate que se produce en su seno es un debate jurídico serio, pero a veces falla la apariencia de independencia. Soy partidario de que las asociaciones de jueces participen en el proceso de designación de los vocales del CGPJ, pero dando posibilidades también a los jueces no asociados que quieran formar parte del Consejo, por ejemplo mediante la recogida de un determinado número de avales. 

¿Qué opina sobre la controversia respecto a la retribución y el sueldo de los miembros del CGPJ? 
Al igual que otros muchos organismos, el CGPJ tiene que participar también de las medidas de austeridad que estamos haciendo el resto de las instituciones. La Constitución dice que el CGPJ ha de tener veinte vocales, pero no especifica que deban tener dedicación exclusiva o percibir un sueldo de secretario de Estado. Pero no solo el CGPJ, todos los órganos constitucionales o estatutarios tienen que participar del esfuerzo que estamos haciendo todos. Si no, parece que el esfuerzo se le está pidiendo solo a los ciudadanos y a los funcionarios 

¿Qué opina sobre la propuesta, defendida por políticos como Esperanza Aguirre, para que la Administración central recupere las competencias de Justicia? 
He sido muy claro desde el primer momento: no me parece razonable. Yo hablo sobre las necesidades de la Ciudad de la Justicia de Valencia, o de los juzgados de Massamagrell, porque los conozco. Desde aquí se puede planificar y atender mejor sus necesidades que desde la sede del Ministerio de Justicia en Madrid. Sin ser triunfalista, No todas las comunidades autónomas, incluso la madrileña, han hecho tanto como nosotros en materia de Justicia. 

¿La Conselleria ha renunciado a construir la Ciudad de la Justicia de Alicante? 
El proyecto no está descartado, pero precisa una inversión de 45 o 50 millones de euros que en este momento es implanteable. Además, no podría ser realidad antes de ocho o diez años y las estructuras judiciales de Alicante no pueden esperar tanto. Vamos a invertir unos 5 millones de euros en la rehabilitación integral de la Audiencia de Alicante, incluyendo su equipamiento, con el objetivo de que sea una obra definitiva. Estamos cumpliendo el calendario anunciado, confío que antes de concluir el año se pueda iniciar la obra, que durará nueve meses y por tanto debe estar concluida antes de finales de 2013. Y gracias a la recaudación finalista de las tasas judiciales, no renuncio a iniciar el año que viene la rehabilitación de los juzgados de Benalúa, con el mismo interés con el que hemos abordado el proyecto de la Audiencia. No puede ser que la segunda ciudad de la Comunidad tenga las instalaciones que tiene.