martes, 24 de julio de 2012

La mediación, alternativa para evitar la “pena de banquillo”




EVITARÍA PROCESOS JUDICIALES LARGOS Y COSTOSOS 

La mediación, alternativa para evitar la “pena de banquillo” 
Los abogados son escépticos con la voluntad de las compañías aseguradoras 
Ricardo Martínez Platel / Imagen: Pablo Eguizábal y Diego S. Villasante. Madrid 

El ámbito sanitario está cada vez más judicializado. El número de reclamaciones aumenta paulatinamente, a pesar de que no son muchas las sentencias que condenan a los médicos. Sin embargo, los litigios son largos, costosos y obligan a los facultativos a padecer la denominada “pena de banquillo”. La mediación aparece como una alternativa real a los métodos tradiciones y constituye una oportunidad para solucionar los casos de una forma extrajudicial. La mediación está constituida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del conflicto. Los expertos son escépticos con la nueva norma ya que sin la voluntad de las compañías aseguradoras creen que su desarrollo será complicado. 

Antonio Albanés, presidente de la Comisión de Reclamaciones y Atención al Asegurado de la Mutualidad de la Abogacía; Ricardo de Lorenzo, socio-director del bufete De Lorenzo Abogados; y Luis Martí, presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados.

Luis Martí, presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados: Dada mi experiencia, he vivido un mundo procesal con la conciliación obligatoria y eso desapareció del mapa jurídico español sin haber tenido buenos resultados. No se podía poner un pleito si no se había ido a la conciliación previa. Los grandes maestros del Derecho discutían si era un requisito procesal. Eso es lo que está vivo ahora, porque hay sectores que constituyen una enorme masa de beneficiarios o perceptores de servicios y una auténtica industria de prestadores. El sector sanitario está incluido entre ellos. Con todos estos condicionantes hay que valorar si encaja la conciliación como una solución. Los abogados tenemos obligación deontológica de promover la concordia, pero es el cliente el que propone definitivamente si quiere la conciliación. Mi llamada en el ámbito sanitario es a los grandes operadores, que son los que tienen que provocar la cultura de la conciliación, aunque eso todavía no lo veo. 

Antonio Albanés, presidente de la Comisión de Reclamaciones y Atención al Asegurado de la Mutualidad de la Abogacía: Estos experimentos ya se han hecho en el pasado. He vivido formas de intentar instaurar la conciliación, la mediación y el arbitraje siempre como intento de soslayar el proceso judicial con todos sus inconvenientes. Que pueda tener recorrido en el ámbito sanitario va a depender en gran medida del compromiso de los poderes públicos y de las instituciones. No nos engañemos, esto no funciona porque salga en una ley. Después de la norma hay que seguir promoviendo la instauración de estos sistemas y procurar que se conviertan en una realidad.

Ricardo de Lorenzo, socio-director del bufete De Lorenzo Abogados: El recorrido va a depender de las partes implicadas. En 1999 se promovió la modificación del Estatuto Regulador del Arbitraje en sede del Colegio de Abogados de Madrid introduciendo algo muy novedoso, como fue el tribunal de mediación, conciliación y arbitraje para temas específicamente sanitarios. Fue un proyecto que se hizo con una gran ilusión, con todo el apoyo de la Comunidad de Madrid, con una composición muy equilibrada de expertos en Derecho Sanitario, representantes de organizaciones de consumidores y pacientes y con presencia de las compañías aseguradoras. Iniciada la andadura nos encontramos con la sorpresa de que en el primer caso que tuvimos todos estuvimos de acuerdo, excepto la compañía, que era la que tenía que pagar. Por lo tanto, la voluntad dependerá de las partes implicadas. Sería importante que las pólizas tuvieran una clausula que permitieran poder acudir a sistemas como la mediación. Con la Ley de Mediación se excluye lo que es el sector público y por lo tanto quitamos el planteamiento que se dio en su día cuando ante un caso de responsabilidad patrimonial de la Administración, ésta no puede conciliar. En el sector privado dependerá de que las compañías aseguradoras asuman o tengan la voluntad de cooperar con el sector sanitario y con las asociaciones de pacientes para desjudicializar un ámbito que tiene un enorme volumen de reclamaciones que provocan un gran atasco que existe en el sector judicial. 

Conclusiones 

Luis Martí: A la necesidad de plantear alternativas para dar cuerpo a lo que se adivina a través de la Ley de Mediación, hay que añadir una llamada al mundo jurídico y a todos los que en él intervienen (jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, asesorías jurídicas internas) para que se impliquen, porque no podemos esperar que caiga como el maná. La norma nos vuelve a dar la oportunidad de hincarle el diente a este tema. La sociedad civil tiene que dinamizarlo y el aparato de la justicia tener convicción. Todos debemos poner de nuestra parte. 

Antonio Albanés: La institución de la mediación puede prosperar en la medida en que avance la capacidad de la sociedad civil y de los poderes públicos para impulsar el establecimiento de este sistema. Hay que evitar que se convierta en una fórmula más que carezca de interés. Para las controversias en el ámbito sanitario iniciado el proceso, ya se ha generado un daño. Hay que tomar medidas antes de que comience. La mediación es una forma de evitar. Los abogados deben ser lo que tengan que divulgar esta opción y para ello tienen que sentirse respaldados por las instituciones. 

Ricardo de Lorenzo: Soy pesimista en cuanto a la utilidad y aplicación de esta nueva ley en cuanto a que en el sector sanitario excluye al sector público, que genera un importante número de reclamaciones y controversias, y sobre la voluntad de las compañías aseguradoras de poder ver en este planteamiento una salida a la desjudicialización que pretenderíamos. Creo que el profesional sanitario debería plantearse la utilización de esta normativa como pórtico de entrada a planteamientos ya existentes.